El Contexto de las Contrataciones

La falta de licitaciones públicas para montos superiores a 33 millones de pesos es un hecho alarmante. En Chaco, la normativa establece que cualquier contrato que supere esa cifra debe ser sometido a un proceso de licitación pública. Sin embargo, en julio se observaron múltiples contrataciones directas que no solo sobrepasaron este umbral, sino que también plantean preguntas sobre la legalidad y la moralidad del proceso.

La Dirección Provincial de Vialidad: Un Focus Problemático

La figura central en este escándalo es Soledad Flores, actual titular de la Dirección Provincial de Vialidad. Su gestión ha estado marcada por la controversia, no solo por el monto de las contrataciones, sino también por su vínculo familiar con Marco Damián Meli, quien es su esposo y un actor clave dentro de esta narrativa. La relación de ambos plantea un conflicto de intereses evidente, donde las decisiones administrativas y económicas pueden estar influidas por la conexión personal.

En el contexto de las recientes contrataciones, es fundamental señalar que Soledad Flores, como alta funcionaria pública, tiene la obligación de declarar no solo su patrimonio, sino también el de su esposo. La inobservancia de este deber podría constituir una falta grave y justifica la exigencia de transparencia en la gestión pública.

El Entorno de las Contrataciones: Un Esquema Oscuro

Analizando en detalle las contrataciones directas realizadas en julio, la cifra total de 400 millones de pesos incluye montos que van desde 19 millones de pesos para bacheo, hasta sumas que ascienden a 31 millones en otras partidas. La naturaleza de estos contratos, a menudo descritos vagamente como «calles varias», despierta sospechas sobre la posibilidad de que se estén fraccionando las contrataciones para evadir la obligación de realizar un proceso de licitación.

Este esquema de contratación parcializada es preocupante, ya que pone en duda no solo la eficiencia en el uso de los recursos, sino también la ética de aquellos que gestionan estos fondos. Cuando se habla de 400 millones de pesos, es crucial preguntarse: ¿con qué criterios se están adjudicando estos contratos? ¿Existen mecanismos adecuados de control y supervisión?

FUENTE: TOMÁS MENDEZ TLN//DENUNCIA