A poco de cumplirse un año del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 que desreguló un sinnúmero de actividades del comercio, los servicios y la industria, el gobierno nacional sumó ahora una nueva ola desreguladora que implicó la derogación de unas 43 normas nacionales. Sin embargo, el impacto en la población lejos está de mostrar las bondades del libre mercado: los datos de consumo continúan siendo poco alentadores -en octubre mostró otra caída del 20%- a la vez que comercios anticipan remarcaciones de fin de año con subas (7 a 10%) por arriba de la inflación mensual, y se multiplican los reclamos de consumidores por compras de bienes, pagos de tarjetas de crédito, telefonía, alquileres, y otros tantos rubros que fueron totalmente desregulados.

Así las cosas, la autorregulación el mercado muestra un impacto directo en usuarios o consumidores que, con bolsillos más flacos, enfrentan también una problemática creciente: el sobreendeudamiento familiar y la imposibilidad de hacer frente a esa deuda, con el agravante de intereses usureros frente a la vulnerabilidad social y la necesidad de llegar a fin de mes, recesión económica mediante. “El salto inflacionario en diciembre pasado generó un shock regresivo que, en conjunto con el severo ajuste fiscal, impactó en el poder adquisitivo de los hogares y provocó un freno en la actividad económica por el derrumbe del consumo, con el consecuente impacto en el empleo. Lejos de ser un efecto indeseado, las medidas adoptadas buscaron inducir una recesión con el objetivo de recomponer las cuentas externas”, analizó un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP).

En ese sentido, los datos del mercado de trabajo ponen sobre la mesa las dificultades que enfrentan las y los trabajadores que vienen sufriendo, desde hace al menos una década, la licuación de sus ingresos. “A partir de abril los salarios volvieron a crecer gracias a paritarias que miraban a la inflación pasada con un IPC que mostraba números decrecientes pero este fenómeno está llegando a su fin. En septiembre el aumento del salario real fue el más bajo desde entonces”, analizaron desde la CTA-A. Así, "en promedio, el salario real de los trabajadores registrados tiene a cristalizar una caída de casi el 10% en comparación con el promedio de 2022-2023 (-25% contra fines de 2016)”. Se suman la creciente informalidad laboral que llega a la mitad de las y los trabajadores activos, la reforma laboral del oficialismo que legaliza prácticas del llamado fraude laboral, y un salario mínimo que dejó de ser base de referencia para satisfacer las necesidades más esenciales de supervivencia y acumula hoy una pérdida del poder de compra del 28%, quedando incluso por detrás del de 2001, según datos de Económicas de la UBA.

Si bien desde hace tiempo tener un trabajo en Argentina no alcanza para salir de la situación de pobreza, este año la situación se agudizó aún más: en el primer trimestre el porcentaje de ocupados pobres trepó al 44,7% (9,3 millones de trabajadores) y la indigencia en este grupo saltó al 13,8% (más que se duplicó). En este escenario, tras un año de gestión libertaria para la mayoría de las familias argentinas es prácticamente imposible llegar a cubrir el costo de vida básico, es decir que los ingresos sean suficientes para pagar alimentos, salud, vivienda y tarifas de servicios, por lo que terminan por recortar gastos que son esenciales.

Más desregulación, menos consumo

El Ministerio de Economía avanzó en la derogación de una serie de normas, entre ellas, regulaciones sobre precios de la carne vacuna, lácteos, neumáticos, mientras que dio de baja el programa Precios Justos y el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE). Mediante la Resolución 1212/2024 de Economía y las Resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio, “se suprimieron 43 normas con potencial para limitar la libertad de los ciudadanos”, según la información oficial.

Hay que remitirse al DNU 70/2023 que, desde hace casi un año, puso en marcha “un programa general de desregulación de la economía” para lo que se dispone “la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional”. Desde entonces se eliminaron, a la par, un conjunto de normativas que regían para el abastecimiento en las góndolas, exigían información en rótulos de productos, obligaban a informar aumentos de cuotas en colegios, así como las tasas de interés y hasta fijaban regímenes de precios máximos en bienes esenciales. De hecho, la medida actual se sumó a otras 107 derogaciones ya implementadas.

FUENTE: EL DESTAPE