La intendenta de Enrique Urien, perteneciente a la provincia de Chaco, Liliana Carmen Pascua, fue procesada sin prisión preventiva por la jueza federal subrogante de Sáenz Peña, Belén María López Macé, por presunto fraude en perjuicio de la administración pública. Según la resolución judicial, la jefa comunal fue considerada prima facie autora del delito tipificado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal argentino.

El caso gira en torno a la percepción de una pensión no contributiva por invalidez que Pascua había solicitado poco después de haber asumido la intendencia ese mismo año. De acuerdo con la investigación, la acusada había cobrado la ayuda social entre julio y diciembre de 2013, por lo que se comprobó que todavía había hecho uso del monto provisto por el programa.

De esta manera, los investigadores revelaron que el salario que percibía como funcionaria era de $7097,80 en julio y que este aumentó a $9258 entre agosto y noviembre. Asimismo, los informes de Anses que fueron analizados constataron que la pensión era menor al sueldo que ganaba como intendenta.

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Según la información publicada por Diario NORTE, en el fallo señalaron que “se comprobó que, a partir de su designación como funcionaria pública, los emolumentos recibidos por su cargo político se volvieron ‘incompatibles’ con la percepción de una pensión social”. De hecho, apuntaron que en el decreto 432/97 se estableció que los postulantes a beneficiario no deben poseer bienes, ingresos o recursos que permitan la subsistencia como requisito para recibir una pensión.

Previo a esto, el tribunal había decidido sobreseer parcialmente y definitivamente a Pascua en la causa iniciada por presunta falsedad ideológica, figura que el fiscal federal Carlos Amad había elegido como carátula. A pesar de que consideraron que no había cometido ese delito, la jueza federal la halló culpable de haber defraudado a la administración pública.