En las últimas horas, Melchiori denunció al titular de la Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña, juez Rodolfo Lineras, por supuesto mal desempeño. El magistrado había ordenado una prohibición de acercamiento hacia cuatro mujeres que lo denunciaron, pero la reacción del comisario fue contragolpear con una denuncia mediática y judicial.

Este accionar no es aislado: anteriormente protagonizó un bochornoso episodio con médicos voluntarios cordobeses, denunció a una jueza de Paz —Silvia Elena Arias— e incluso armó un revuelo por cámaras de seguridad instaladas en una iglesia frente a la comisaría, obligando a un sacerdote a declarar.

Lo que resulta más grave es que, pese a este cúmulo de hechos que exponen un patrón de abuso de poder, Melchiori no fue separado de la fuerza. Por el contrario, se habla de un inminente traslado a la División Inteligencia Especial con sede en Sáenz Peña, su ciudad natal, e incluso de una posible candidatura a intendente de Taco Pozo.

La continuidad de Melchiori en funciones y el respaldo que recibe no hacen más que desnudar un sistema de encubrimiento institucional: la cúpula policial evita sancionarlo y sectores de la política parecen impulsar su carrera, ignorando denuncias graves y el reclamo de las víctimas.

El caso evidencia una vez más cómo las redes de protección política y policial garantizan impunidad a quienes deberían dar el ejemplo, enviando un mensaje preocupante a la sociedad.