Actualmente, Cammesa se encarga de adquirir todo el gas y lo distribuye a las generadoras de energía térmica, a las que luego les paga una tarifa por la electricidad generada. El objetivo del Gobierno es descentralizar la compra de gas y que cada generadora compita por la adquisición de moléculas a las productoras.

La otra novedad que dispone la resolución 21/25, publicada hoy en el Boletín Oficial por la Secretaría de Energía, es que se les permitirá a las generadoras térmicas, nucleares e hidroeléctricas vender directamente energía eléctrica a privados cuando se trate de nuevos proyectos. Al momento, los contratos de compra entre privados (PPA) solo eran posible para los productores de energía renovable.

Con estas desregulaciones, el Gobierno inició un proceso de reformas en el mercado eléctrico mayorista (MEM) que tiene como objetivo “garantizar un sistema eléctrico más eficiente, competitivo y sostenible”, dijo en un comunicado.

“El proceso de transición será gradual, permitiendo una adaptación armoniosa a un entorno de mayor libertad y competitividad, sin poner en riesgo el abastecimiento de energía ni aumentar los costos para los consumidores”, aclaró la Secretaría de Energía, que lidera María Tettamanti.

Se trata de una medida que estaba en los planes del exsecretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo desde el primer momento, pero la velocidad de aplicación generaba dudas en el sector, entre las empresas generadoras de electricidad, productoras de gas y distribuidoras. La idea de la Secretaría, ahora, es aplicar la desregulación de manera gradual, ya que todavía el sistema está muy subsidiado por el Estado y hay varios contratos firmados con empresas estatales.

Para evitar costos altos por los mayores riesgos, Cammesa podría salir como garante para facilitar las primeras operaciones.

Según informó la Secretaría de Energía, la resolución permitirá:

Descentralización de la gestión de combustibles: los generadores térmicos serán responsables de gestionar sus propios combustibles, lo que incentivará la competencia y la eficiencia en el sector.

Fomento de contratos bilaterales libres en el mercado: se promoverá la participación activa de grandes usuarios y distribuidores, lo que facilitará el desarrollo de nueva infraestructura de generación y transporte de energía.

Cumplimiento de contratos vigentes: el Estado continuará cumpliendo con los contratos de generación y combustibles vigentes hasta su finalización. En caso de ser necesario, se realizarán licitaciones competitivas para nuevas infraestructuras.

“Los contratos entre privados jugaron siempre un rol muy importante en el desarrollo del mercado eléctrico. Se vio con los renovables que, desde la ley 27.191, quedaron al margen de la suspensión de la resolución 95/13 [que suspendía los contratos entre privados]. Los PPA fueron clave en el desarrollo del sector desde fines de 2015 en adelante. El hecho de que se habilite nuevamente esta herramienta para otras tecnologías va a ser muy importante también para fomentar la incorporación de nueva generación", dijo Jimena Vega Olmos, socia del estudio Martínez de Hoz & Rueda (MHR).

“El restablecimiento de la posibilidad de autogestionar el combustible también es muy importante. Es una facultad que se restableció durante la gestión de Mauricio Macri, pero que se anuló con la administración siguiente en 2020. Si bien en alguna época de emergencia, centralizar la compra de combustible puede haber tenido una finalidad razonable, extender esa medida en el tiempo claramente no juega a favor de un mercado eléctrico moderno y eficiente”, agregó la abogada especializada en el sector.

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Con el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento, generación y transporte de electricidad para evitar que cada verano se esté pendiente de factores exógenos, como la temperatura y el nivel de agua en las represas, el Gobierno lanzará en los próximos días una serie de licitaciones para mejorar la infraestructura eléctrica.

El 5 de marzo, Energía planea lanzar la licitación para mantener y operar las centrales hidroeléctricas del Comahue, que generan el 10% de la producción total de energía eléctrica del país

En primer lugar, la Secretaría está trabajando en el lanzamiento de una licitación destinada a sumar generación eléctrica para los nodos críticos, que se haría bajo esta nueva forma de contractualización (firma de contratos) de energía entre privados.

Luego, el Gobierno licitará la instalación de centros de almacenamiento para tener potencia disponible de hasta 400 MW en la zona del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se trata de obras que podrían estar en funcionamiento entre 12 y 18 meses, por lo cual es una alternativa que pensó Energía para mejorar la capacidad eléctrica disponible en el corto plazo, mientras que se amplía el parque de generación térmica.

La Secretaría de Energía, a su vez, licitará también la instalación de líneas de transmisión de alta tensión, bajo el esquema en el cual una empresa se hará cargo de buscar el financiamiento para la construcción del tendido y la operación. En el Gobierno consideran que, gracias a la baja del riesgo país, de más de 2000 puntos básicos a los 630 actuales, las empresas no deberían tener problema en conseguir el financiamiento, aunque la situación podría variar.

Por último, el 5 de marzo, Energía planea lanzar la licitación para mantener y operar las centrales hidroeléctricas del Comahue, que generan el 10% de la producción total de energía eléctrica del país. Las concesiones de 30 años finalizaron en 2022, pero fueron prorrogadas dos veces, pese a que los contratos permitían extenderlas solo por un año. Para no incurrir en una nueva demora, en el Gobierno esperan tener adjudicadas las concesiones de las represas antes del 5 de agosto. Se trata de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón y Arroyito, Cerros Colorados, Planicie Banderita y Piedra del Águila.