La Justicia laboral hizo lugar a la presentación del amparo de la CGT para frenar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, con el cual el gobierno de Javier Milei buscó cercenar el derecho a huelga garantizado por la Constitución nacional. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), al confirmar esta resolución, subrayó que el DNU excedía las facultades del Poder Ejecutivo y viola el "principio de libertad sindical".

De esta manera, la CNAT, a través de las firmas de los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, confirmó el fallo de primera instancia que suspende los artículos 2 y 3 del polémico DNU, dictado por la jueza Moira Fullana del Juzgado Nacional del Trabajo N° 3. La magistrada Fullana había suspendido temporalmente los artículos cuestionados, argumentando que restringían derechos fundamentales garantizados por la Constitución y tratados internacionales.

La jueza había hecho lugar a la medida cautelar pedida por el gremio, que consideró que el decreto establecido por Milei “atenta contra la libertad sindical, violando el derecho de huelga que establece el Convenio 87 de la OIT y nuestra Constitución”. Tras conocerse la medida, la CGT celebró la decisión de la Justicia: "Este logro de todo el movimiento obrero organizado está inscripto en la correcta estrategia judicial que viene desarrollando la CGT con el objetivo de no permitir el avance del Ejecutivo sobre los derechos conquistados", comunicaron desde la entidad laboral.

Ahora, el fallo que ratificó la cautelar sostiene que la norma dispuesta por el Ejecutivo vulnera “en forma ostensible y manifiesta lo prescripto por el art. 99 inciso 3), de la Constitución Nacional, viola el principio básico de división de poderes y establece con modificaciones peyorativas y permanentes en los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales en materia de huelga y medidas legítimas de acción sindical".

El DNU 340/25 referido a la actividad de la marina mercante enmascaró una reforma sin precedentes en la historia argentina: declaró esa actividad como servicio esencial y a continuación sumó a esa consideración una variedad casi ilimitada de rubros que, de manera directa o indirecta, quedarían alcanzados por la normativa en su interpretación más amplia. De esta manera, habían quedado restringidas casi por completo las chances de paro en transporte (pasajeros y cargas), educación, salud y servicios públicos, producción industrial, bancos y medios de comunicación, entre otros ítems.