El Artículo 2° del proyecto es el más contundente; insta al Ministerio de Relaciones Exteriores a cortar los lazos diplomáticos y económicos con Israel. Los firmantes argumentan que el líder israelí, Benjamin Netanyahu, es un "prófugo de la Justicia Internacional" acusado de crímenes de lesa humanidad.

La medida se propone como una forma de manifestar "solidaridad con el pueblo palestino por su horroroso sufrimiento" y oposición a una política que describen como de "apartheid, racista, xenófoba y belicista".

En segundo orden, el Artículo 1° del mismo proyecto busca dejar sin efecto el Convenio entre la República Argentina y el Estado de Israel sobre Seguridad Social (Ley 27.641), suscrito en 2017. La derogación se justifica al considerar que dicho convenio implica "un compromiso de asistencia previsional a ciudadanos de un estado genocida que viene desenvolviendo una limpieza étnica en la franja de Gaza, masacrando a más de 55.000 gazatíes en su mayoría niños, mujeres y ancianos".

 Los fundamentos del proyecto critican duramente la reciente visita del presidente Javier Milei a Israel, calificándola como un "aval del gobierno argentino al genocidio perpetrado contra la población de Gaza". Según los legisladores, el alineamiento del mandatario argentino con el primer ministro Netanyahu, sobre quien "pesa una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional", convierte a la Argentina en "cómplice de los crímenes de lesa humanidad".           El texto también hace referencia al "Memorándum en Defensa de la Libertad y la Democracia contra el Terrorismo y el Antisemitismo" firmado por Milei, que, según los diputados, implica una "cooperación sin precedente" en diversas áreas, incluyendo investigaciones en cibercrimen y acuerdos relacionados con la tecnología hídrica y la seguridad, lo que podría fortalecer "negociados" con empresas israelíes. Finalmente, el proyecto contrasta la posibilidad de otorgar pensiones a ciudadanos israelíes en Argentina con la negación de jubilaciones a miles de adultos mayores argentinos que no cumplen con los 30 años de aportes necesarios, en un contexto de finalización de la moratoria previsional. Por estos motivos, los diputados solicitan el acompañamiento a esta polémica iniciativa.