La Corte Suprema rechazó la recusación que plantearon el presidente de Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y su representante legal, Jaime Kleidermacher, contra los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, miembros de la Cámara Federal porteña, por "temor de parcialidad".

El fallo de los supremos se produjo una semana después que ratificaran la condena contra Cristina Kirchner y seis meses después que habilitaran que sea el Tribunal Superior de Justicia porteño, la Corte integrada por cuatro jueces macristas y una vinculada al viejo Frente Grande, quien defina la causa Correo. "Esa es la parte comercial y esta decisión es la parte penal", argumentó una fuente judicial para distinguir ambos caminos.

Farah y Boico deben resolver la causa Correo, que afecta directamente a la familia de Mauricio Macri, después que la fiscala Gabriela Boquín detectara en 2016 que el gobierno de Cambiemos y los representantes de la empresa pretendían eludir la convocatoria de acreedores con la cancelación de una deuda en la que el Estado aceptaba licuar el 98,87 por ciento del pasivo.

Cibils Robirosa y Kleidermacher alegaban que Farah fue uno de los jueces que denunció presiones del gobierno macrista para sacarlo de la Cámara Federal después de haber firmado las excarcelaciones de Cristóbal López y Fabián De Sousa en marzo de 2018. Las objeciones contra Boico, por otro lado, radicaban en que, antes de ser juez, fue defensor de la propia Cristina Kirchner. La causa tiene "claro contenido político" y busca "poner de rodillas" a Macri, plantearon.

Sin embargo, los cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el planteo porque "no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal".

La Cámara Federal había desestimado el planteo de recusación en contra de dos de sus integrantes pero, luego, refrendó la misma postura la Cámara de Casación Penal, en un fallo unipersonal del juez Javier Carbajo. "Más allá de la señalada disparidad entre la pretensión incoada y la decisión en jaque, la defensa no ha conseguido demostrar que, en las particulares circunstancias que rodean la incidencia, se encuentre objetivamente sustentado el temor de parcialidad denunciado", contestó Carbajo.

Boquín había determinado en febrero de 2017, en base a los cálculos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación que el acuerdo equivalía a "una quita de más de 4 mil millones de pesos en aquel momento y más de 70 mil millones a 2033". La representante del Ministerio Público Fiscal expresó que lo acordado era "una condonación" de la deuda y debía considerarse "abusiva".

De hecho, en su dictamen sostuvo que "el porcentaje actualizado de la quita que importa la propuesta formulada al Estado Nacional y el valor presente de la misma calculada en moneda nacional" sería de $70.163.910.895,30 -saldo de la quita a marzo de 2033- y 4.277.659.362,13 -saldo de la quita a febrero de 2017-. Además, planteó que pudo haber un conflicto de interés en el funcionario del Poder Ejecutivo que participó de la negociación, al aceptar una oferta "que directa o indirectamente beneficie" a familiares del presidente de la Nación.

En la causa, que tramitó ante el juzgado de Ariel Lijo desde 2017, están imputados el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y el ex titular de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa, además de Cibils Robirosa y Kleidermacher.

De hecho, Lijo indagó a los cuatro en marzo de 2019 pero negaron haber cometido delito alguno. El diario La Nación publicó en noviembre de 2017 que el propio Macri se reunió, en los días previos a la destitución de Eduardo Freiler en el Consejo de la Magistratura, con el por entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, el titular de la AFI, Gustavo Arribas, y el operador judicial Daniel Angelici para trabar el mismo proceso contra el hermano del magistrado, Alfredo Lijo. "Yo lo conozco, tengo muy buena relación. Siempre jugó bien", habría dicho Angelici según el matutino porteño.

Ahora, los imputados en la causa Correo deberán atenerse a la resolución de Farah, Boico y Martín Irurzun, el tercero de los jueces de la Sala II de la Cámara Federal porteña.