La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó el procesamiento sin prisión preventiva del jefe comunal, Carlos Ibáñez, su hija, Gabriela Ibáñez Gelabert, el médico Marcos Rojas por comandar una presunta organización delictiva para gestionar de manera fraudulenta pensiones no contributivas por invalidez.
La Cámara Federal de
Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento sin prisión preventiva del
intendente Taco Pozo, Carlos Ibáñez; de su hija y de otras siete personas de
esa localidad del noroeste de la provincia del Chaco acusados de integrar una
asociación ilícita para la tramitación de pensiones no contributivas por
invalidez “truchas” con las que habrían defraudado al Estado Nacional. A la
vez, revocó la medida para el director del hospital zonal, por falta de pruebas
suficientes.
La resolución fue
dictada este jueves 10 de julio y lleva las firmas de las juezas Rocío Alcalá y
Patricia García. El tribunal rechazó los recursos de apelación presentados por
las defensas, que alegaban falta de fundamentación y errores en la valoración
probatoria.
El caso
El caso investiga una
presunta asociación ilícita integrada por funcionarios públicos, médicos y
particulares que habrían gestionado fraudulentamente pensiones no contributivas
por invalidez. Según la investigación, los imputados utilizaron certificados
médicos falsos o sin respaldo clínico, cargados en el sistema de la Agencia
Nacional de Discapacidad (ANDIS), para obtener beneficios económicos indebidos,
causando un perjuicio al Estado nacional.
Entre los procesados se
encuentran Carlos Antonio Ibáñez, intendente de Taco Pozo, y su hija Gabriela
Estefanía Ibáñez Gelabert, acusados de organizar la estructura delictiva;
Marcos Gustavo Rojas, médico señalado como principal ejecutor de la carga de certificados
falsos; María Estela Luna, Florencia Carolina Jaimes y Yanina del Valle Maza,
imputadas por reclutar beneficiarios y cobrar sumas de dinero; Rocío Valeria
Arias, Rodrigo Alfredo Arias y Antonio Celestino Ibáñez, empleados municipales
vinculados a la tramitación irregular.
La decisión de la
Cámara
El tribunal rechazó los
recursos de apelación presentados por las defensas, que alegaban falta de
fundamentación y errores en la valoración probatoria. La resolución destacó que
existen indicios suficientes para sostener la imputación, aunque aclaró que el
procesamiento no anticipa una condena y que la discusión final deberá
resolverse en el juicio oral.
En cambio, la Cámara
revocó el procesamiento de Miguel Ángel Bilinski, director del Hospital de Taco
Pozo, por considerar que su participación no está suficientemente acreditada.
Bilinski, bioquímico de profesión, había sido imputado por refrendar
certificados médicos, pero el tribunal entendió que su rol era administrativo y
no implicaba un control clínico. Se ordenó continuar la investigación en su
contra.
El caso continuará su
curso en la justicia federal, donde se espera la realización de nuevas pruebas
y, eventualmente, la elevación a juicio oral. La resolución subraya la gravedad
de los hechos, que afectaron a un sistema diseñado para proteger a personas con
discapacidad, y refuerza la necesidad de combatir la corrupción en el ámbito
público.
Fuente: chacodiapordia.com
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