Los diputados nacionales Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva presentaron un proyecto de ley que busca derogar el Decreto presidencial 461/2025 y restituir las instituciones afectadas. La propuesta de los legisladores chaqueños es en respuesta a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso la disolución, fusión y reorganización de múltiples organismos vinculados al transporte y la seguridad vial.
El proyecto apunta a
garantizar la continuidad operativa y administrativa de la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la Comisión
Nacional de Tránsito y Seguridad Vial y la CNRT, entre otros entes
descentralizados, “fundamentales para la planificación, fiscalización y
ejecución de políticas públicas que salvan vidas”.
“Estas estructuras no sólo
son necesarias: son imprescindibles para un país extenso, desigual y federal
como el nuestro. Sin ellas, se pierde capacidad de respuesta, planificación y
control”, argumenta Pedrini en los fundamentos del proyecto.
Según advierten los
legisladores, la disolución intempestiva de organismos con décadas de
trayectoria “afecta la seguridad jurídica, paraliza programas en marcha, pone
en riesgo inversiones internacionales y vacía de contenido técnico al Estado
nacional”. También se denuncia la creación de nuevas estructuras con costos
adicionales y sin planificación presupuestaria, contradiciendo los supuestos
objetivos de “eficiencia y austeridad”.
Particular preocupación
genera la situación de Vialidad Nacional, que concentra saberes técnicos
altamente especializados en conservación y obra vial. Su fragmentación,
advierten, compromete la capacidad de mantenimiento de la red de rutas, la
respuesta ante emergencias y la continuidad de obras licitadas o financiadas.
“Atenta contra el espíritu
federal”
El proyecto también busca
garantizar la restitución del personal afectado por el Decreto, preservando su
carrera administrativa, derechos laborales y funciones específicas. Se subraya
el impacto humano del desmantelamiento de estos organismos, que afecta a cientos
de trabajadores calificados.
Desde una visión federal,
los autores del proyecto remarcan que la reforma impuesta por el Ejecutivo
“viola competencias provinciales, pone en juego fondos coparticipables y atenta
contra el espíritu federal que debería regir las políticas de transporte”.
Además, cuestionan el cambio de funciones asignadas a la Gendarmería Nacional,
apartándola de sus tareas específicas de control en rutas.
“Este proyecto busca
reconstruir un marco institucional robusto, basado en la experiencia acumulada
y en el respeto a la ley, para que el Estado no renuncie a su rol indelegable
en materia de transporte, infraestructura y seguridad vial”, remarcaron los
diputados chaqueños. Para los autores del proyecto, “el Estado presente no es
una carga”, sino una herramienta que “salva vidas, conecta regiones, genera
empleo y garantiza igualdad de oportunidades a lo largo y ancho del país”.
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